Publicado por Hace unos días nos despertamos con una noticia inquietante, todas las que tienen que ver con las residencias de mayores lo son, y más en este caso cuando se habla de un desahucio. Un juez había decretado el desahucio de una conocida residencia privada de Las Palmas de Gran Canaria, dando la razón al propietario del edificio.
Esta entrada no va de sentencias ni de desahucios, tampoco va sobre la cuestionada gestión de las residencias en los momentos más difíciles de la pandemia pero si tiene que ver con la obligación que tienen las AAPP de velar por la salud de nuestros mayores.
El 26 de junio de 2019 accedimos a la sede digital del Gobierno de Canarias para preguntar sobre las sanciones impuestas a las residencias de mayores, públicas, concertadas o privadas durante el periodo 2015-2019.
Coincidió con el cambio de gobierno y supongo que por aquello de acabar de entrar no respondieron a la solicitud por lo que el 3 de septiembre de ese mismo año tuvimos que reclamar al Comisionado de Transparencia para reclamar nuestros datos. El 11/02/2020 se emitía la resolución a nuestra reclamación de forma estimatoria.
Días más tarde se nos hizo entrega de la información. Curiosamente la resolución de Consejería se firmó el 02/03/2020.
2 en 48 meses. ¡Guau! O muy cumplidoras o se inspecciona poco, elige tu historia.
PD: Prometemos no tardar tanto tiempo en publicar una información tan interesante.